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La Federación de Barrios de El Alto, conocida localmente como la Fejuve, aceptó el viernes el Decreto Supremo 27973 que rescinde el contrato del gobierno boliviano con la empresa privada Aguas del Illimani, y declaró una pausa a las protestas públicas que comenzaron el 10 de enero.

El Decreto Supremo, ordenado por la Superintendencia de Saneamiento Básico, garantizó el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para las ciudades de La Paz y El Alto, informó La Opinión.

Yolanda Saliz, mujer aymara y clienta de segundo año de Pro Mujer, una organización internacional de microfinanzas, afirmó que el derecho al agua es un derecho humano, “porque no hay vida sin agua”.

Gilda Reyes, una nueva clienta de Pro Mujer, expresó su frustración por el hecho de que su pago mensual de agua de 44 bolivianos (aproximadamente 5,50 dólares) es más alto de lo que debería, “ya que sólo la usamos para la alimentación básica y para lavar la ropa”.

Para evitar que se repitan los hechos de Cochabamba en El Alto, el actual presidente boliviano, Carlos Mesa, y su gobierno indicaron el miércoles en Los Tiempos que pondrán fin al contrato con Aguas del Illimani.

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Los sindicatos del transporte y el comercio minorista de Bolivia iniciaron el lunes una huelga indefinida en protesta por una ley contra las llamadas “ganancias ilícitas” y la financiación del terrorismo que, según los críticos, es una artimaña del gobierno para confiscar la propiedad privada.

Los cocaleros bolivianos luchan por el control del principal mercado de la hoja en la ciudad altiplánica de La Paz, un conflicto que ha visto a productores y policías enfrentarse en las calles con hondas y gases lacrimógenos, e incluso un edificio incendiado.

El gobierno de México dijo el viernes que sólo discutiría una posible reorganización de la Organización de Estados Americanos (OEA) en una cumbre el fin de semana si el tema se pone sobre la mesa, atenuando las expectativas de una revisión más agresiva del organismo.

La ex presidenta boliviana Jeanine Anez se autolesionó cortándose la parte inferior de los brazos mientras se encontraba en la cárcel el sábado, dijo su abogado Norka Cuéllar a los medios locales después de que la policía informara de lo que catalogó como intento de suicidio.

El ex presidente boliviano Evo Morales dijo el miércoles que sería exonerado si se abrieran nuevas investigaciones basadas en un informe independiente que determinó que hubo “masacres” durante el final de su presidencia y el comienzo de la de su sucesor.

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En términos globales, Bolivia es una economía emergente con una renta media per cápita media. Sin embargo, sigue siendo uno de los países menos prósperos de Sudamérica. Los retos a los que se enfrenta Bolivia son la falta de servicios públicos básicos, el cambio climático y el limitado desarrollo industrial.

Sigue existiendo una brecha considerable entre las zonas urbanas y las rurales en cuanto al acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento adecuados. Por ello, uno de los principales objetivos del Gobierno boliviano es garantizar el suministro de agua potable y saneamiento a toda la población para 2025.

Alrededor del 15% de la población aún no tiene acceso a la electricidad. Por ello, el Gobierno pretende convertir a Bolivia en un ejemplo positivo de eficiencia energética en Sudamérica, aumentando, por ejemplo, la proporción de energía procedente de recursos renovables. Bolivia también es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Las sequías, las inundaciones y la escasez de agua afectan al sector agrícola y ponen en peligro la seguridad alimentaria.

En cuanto al agua potable y el saneamiento, se ha puesto en marcha una amplia gama de servicios de asesoramiento y formación en todo el país en colaboración con las autoridades nacionales, las empresas y otros proveedores de servicios. Estos servicios se prestan a las empresas de agua para ayudar a promover su sostenibilidad institucional. Como resultado, más de dos millones de bolivianos se han beneficiado de un mejor acceso al agua potable y al saneamiento. Otros temas son el uso eficiente del agua potable y la promoción de la formación profesional en el sector del agua.

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El informe también destaca como factores agravantes la profunda polarización política que rodea a la modificación de la Constitución por parte de Morales para aspirar a un cuarto mandato, un racismo muy arraigado contra sus seguidores indígenas y unas instituciones tradicionalmente débiles.

México ha acusado a Bolivia de intimidar a sus diplomáticos en La Paz tras el enfriamiento de las relaciones desde que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, diera el mes pasado asilo político al ex presidente boliviano Evo Morales.

El ministro interino del Interior dice que el número de focos de conflicto “ha bajado a la mitad”, mientras seis sindicatos cocaleros piden la renuncia de la dirigente provisional Jeanine Anez “en 48 horas” y nuevas elecciones en 90 días.

“Las acciones represivas de las autoridades (…) probablemente pongan en peligro cualquier posible vía de diálogo, afirma la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mientras los partidarios del derrocado líder Evo Morales siguen agitándose.

Evo Morales pidió a la ONU, y posiblemente al Papa Francisco, que mediaran en la crisis política del país andino tras su destitución como presidente en lo que llamó un golpe de Estado que le obligó a exiliarse en México.