Derechos pasivos de los funcionarios

qué es el servicio civil

El Her Majesty’s Home Civil Service,[1][2][3] también conocido como Her Majesty’s Civil Service o Home Civil Service, es la burocracia permanente o secretaría de empleados de la Corona que apoya al Gobierno de Su Majestad, que está compuesto por un gabinete de ministros elegidos por el Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como por dos de las tres administraciones descentralizadas: el Gobierno escocés y el Gobierno galés, pero no el Ejecutivo de Irlanda del Norte.

Al igual que en otros Estados que emplean el sistema político de Westminster, el Servicio Civil de Su Majestad forma parte inseparable del gobierno británico. Las decisiones ejecutivas de los ministros del gobierno son ejecutadas por el HM Civil Service. Los funcionarios son empleados de la Corona y no del Parlamento británico. Los funcionarios también tienen algunas responsabilidades tradicionales y estatutarias que, en cierta medida, les protegen de ser utilizados en beneficio político del partido en el poder. Los altos funcionarios pueden ser llamados a rendir cuentas ante el Parlamento.

principios de la administración pública

El Her Majesty’s Home Civil Service,[1][2][3] también conocido como Her Majesty’s Civil Service o Home Civil Service, es la burocracia permanente o secretaría de empleados de la Corona que apoya al Gobierno de Su Majestad, que está compuesto por un gabinete de ministros elegidos por el Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como por dos de las tres administraciones descentralizadas: el Gobierno escocés y el Gobierno galés, pero no el Ejecutivo de Irlanda del Norte.

Al igual que en otros Estados que emplean el sistema político de Westminster, el Servicio Civil de Su Majestad forma parte inseparable del gobierno británico. Las decisiones ejecutivas de los ministros del gobierno son ejecutadas por el HM Civil Service. Los funcionarios son empleados de la Corona y no del Parlamento británico. Los funcionarios también tienen algunas responsabilidades tradicionales y estatutarias que, en cierta medida, les protegen de ser utilizados en beneficio político del partido en el poder. Los altos funcionarios pueden ser llamados a rendir cuentas ante el Parlamento.

qué es la ética en la función pública

Desde que finalizó la primera fase de la reforma del federalismo en septiembre de 2006, la administración pública federal cuenta con unos 1.703.175 funcionarios y unos 3.011.080 empleados de otro tipo, además de unos 170.575 militares.

Todos los alemanes pueden acceder a cualquier puesto de la administración pública si tienen las aptitudes y cualificaciones necesarias y pueden desempeñar las tareas requeridas. Esto está garantizado por el artículo 33 (2) de la Ley Fundamental.

Para garantizar que el personal esté cualificado para hacer frente a la gran variedad de tareas de la administración pública, la administración pública ofrece una formación previa y continua sistemática para las diferentes clases de servicio. En el caso de los funcionarios federales, existen cuatro clases de servicio, cada una de las cuales requiere una titulación diferente: servicio ordinario: certificado de estudios o equivalente (Hauptschulabschluss); servicio intermedio: certificado de estudios y finalización con éxito de la formación profesional adecuada o equivalente; servicio intermedio superior: título de acceso a la universidad (Abitur) o equivalente; servicio superior: título universitario adecuado para la carrera correspondiente.

las obligaciones funcionariales de los funcionarios de la onu tienen carácter

La disposición final del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto-Legislativo 670/1987, de 30 de abril, insta al Gobierno a dictar un reglamento para su desarrollo.

Dado que los trabajos de elaboración del Reglamento y la reforma de los actuales procedimientos administrativos en materia de Clases Pasivas y el diseño de nuevos procesos y formas de actuación se encuentran en una fase avanzada, especialmente en relación con los procedimientos relativos a la jubilación de los funcionarios del Estado, y cómo las modificaciones y medidas que se introduzcan redundarán en una mayor agilidad y rapidez de la actuación administrativa en este ámbito, parece oportuno elevar a rango normativo en este momento una parte de la futura regulación, ya que beneficiará a los funcionarios que se enfrentan al hecho de su jubilación y que están preocupados por los posibles retrasos en el cobro de sus obligaciones.

En cuanto a su contenido, este Real Decreto continúa la línea de simplificación de trámites iniciada por el Real Decreto 2433/1983, de 7 de septiembre, pero avanza algunos pasos más para conseguir el objetivo de que el funcionario jubilado pueda percibir las correspondientes obligaciones sin solución de continuidad en el momento de la jubilación. Así, mantiene el principio de iniciación de los procedimientos administrativos en cuestión, pero introduce, como novedad fundamental, que, en el caso de la jubilación forzosa por la edad que corresponda, en la que se puede (a) conocer a la Administración con antelación para el momento exacto en que se producirá la jubilación, dichos procedimientos se inicien antes de ese momento, lo que permitirá que el acuerdo de concesión de la pensión se elabore cuando se resuelva la jubilación del funcionario.