Fiscal general venezuela

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Excelencias, Desde mi última actualización oral ante este Consejo, el 20 de septiembre, he firmado una Carta de Entendimiento con el Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los términos de cooperación por un período renovable de un año. Esta carta confirma la presencia de dos funcionarios de derechos humanos en Venezuela, y les concede acceso a todo el país, incluidos los centros de detención. La Carta de Entendimiento también establece nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboración con el sistema de Naciones Unidas en el país. Por último, contempla el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de los derechos humanos. Mi Oficina y las autoridades venezolanas han acordado un plan de trabajo conjunto para desarrollar actividades de cooperación técnica. Para su ejecución se ha creado un Comité de Coordinación interinstitucional que se reúne con personal de mi Oficina dos veces al mes.

Excelencias, La situación socioeconómica sigue afectando a los derechos económicos y sociales. Según la CEPAL, la economía se contrajo un 25,5% en 2019, lo que supone una pérdida acumulada del PIB del 62,2% desde 20131. Aunque se ha notado una mejora en el abastecimiento de alimentos en los últimos meses, sólo una minoría de la población, con acceso a divisas, puede pagar regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación, y

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El Ministerio Público de Venezuela es un órgano perteneciente al Poder Ciudadano, tiene carácter autónomo e independiente. Está bajo la dirección del Fiscal General de la República que es elegido por la Asamblea Nacional para un período de siete años.

Como se señala en la reseña histórica del Ministerio Público,[2] en la época colonial la función de Fiscal General era ejercida por un funcionario designado por la Monarquía de España, cuya tarea era velar por el cumplimiento de la Ley Española en la Capitanía General de Venezuela.

En la Quinta República, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Constitución), se crea el Poder Ciudadano, que actualmente es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, y, al mismo tiempo, se establece su autonomía.

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El Ministerio Público de Venezuela es un órgano perteneciente al Poder Ciudadano, tiene carácter autónomo e independiente. Está bajo la dirección del Fiscal General de la República, quien es elegido por la Asamblea Nacional para un período de siete años.

Como se señala en la reseña histórica del Ministerio Público,[2] en la época colonial la función de Fiscal General era ejercida por un funcionario designado por la Monarquía de España, cuya tarea era velar por el cumplimiento de la Ley Española en la Capitanía General de Venezuela.

En la Quinta República, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Constitución), se crea el Poder Ciudadano, que actualmente es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, y, al mismo tiempo, se establece su autonomía.

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TALLAHASSEE, Florida – La fiscal general Ashley Moody está advirtiendo al presidente Joe Biden y a los miembros de la Comisión Presidencial sobre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los peligros que plantea el empaquetamiento de los tribunales. La comisión celebrará hoy su reunión inaugural en línea. Según los informes, los comisionados considerarán la posibilidad de añadir jueces al SCOTUS, una maniobra política conocida como “court packing” que ha ayudado a deshacer la democracia y a elevar los regímenes totalitarios en las naciones de América del Sur. Antes de la reunión de hoy, la fiscal general Moody celebró una mesa redonda con exiliados venezolanos, entre los que se encontraban magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, que huyeron del país para eludir el régimen autoritario apoyado por un alto tribunal políticamente repleto.

El fiscal general Ashley Moody dijo: “No me quedaré de brazos cruzados mientras el presidente Biden y otros radicales ignoran las parodias históricas del empaquetamiento de los tribunales y la consiguiente desaparición de las economías, el estado de derecho y las libertades en otras naciones. Aquellos que han sido testigos de primera mano de la destrucción de las democracias y del ascenso de los dictadores a causa de estos ataques extremistas contra el más alto tribunal de una nación deben poder testificar ante la comisión en persona”.