Empresa que se van de cataluña

Independencia y ruptura constitucional en cataluña

La salida de grandes empresas de Cataluña ha sido noticia y estos movimientos están influyendo, sin duda, en el confuso «procés» hacia la independencia liderado por el Gobierno catalán. Se discute mucho sobre la posibilidad de retorno y las consecuencias en la economía de Cataluña (recomiendo este artículo). Por eso es fundamental entender qué es el domicilio social y su importancia.

Algunos dicen que es un cambio de dirección postal. Y lo es: el domicilio social es la dirección oficial de una empresa: aparece en sus Estatutos, en su registro y en sus documentos y facturas. Permite a cualquier socio o tercero saber dónde contactar con la empresa.

Pero es mucho más que eso. El domicilio social también determina la nacionalidad de la empresa (artículo 8 de la Ley de Sociedades Anónimas o LSC). Esta es la razón esencial de los recientes cambios: si Cataluña se independiza de hecho, las empresas con domicilio social en Cataluña cambiarían de nacionalidad. Como según los Tratados de la UE la independencia implicaría que Cataluña dejaría de formar parte de la UE, las empresas quedarían automáticamente excluidas del mercado único europeo. No se beneficiarían del derecho a la libertad de establecimiento consagrado en los artículos 49 y 54 del Tratado. Cualquier exportación al resto de España o a la Unión Europea estaría sujeta a aranceles y otras restricciones; cualquier servicio tendría que ser autorizado. Supondría un grave problema para cualquier empresa que tenga una actividad significativa en el resto de España o en los países de la UE.

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Hace exactamente un año, el 6 de octubre de 2017, cinco días después del referéndum de independencia de Cataluña en medio de una grave violencia policial, el Gobierno español de Mariano Rajoy avivó aún más el fuego con la aprobación de un decreto ley para acelerar el traslado de empresas de sus domicilios sociales fuera de Cataluña. Fue una acción incendiaria que actuó para alimentar los discursos cargados de fatalidad que se estaban difundiendo en ese momento sobre la economía catalana. La orden del Ejecutivo, publicada en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, justificaba la actuación por la existencia de una «extraordinaria y urgente necesidad» de «garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución» y de «respetar la prohibición de adoptar medidas que puedan obstaculizar la libertad de establecimiento de los operadores económicos prevista en el artículo 139 de la Constitución».

La orden, aprobada el mismo día en que CaixaBank trasladaba su domicilio social a Valencia, sigue los pasos del Banco Sabadell, que el día anterior había sustituido la dirección de Cataluña que figuraba como sede oficial propia por la de su actual oficina en Alicante. Se facilitaba así el cambio de domicilio social de muchas empresas -exactamente 2.501, según la consejería de Empresa y Conocimiento de Cataluña-, además de apoyar la narrativa que aseguraba que el proceso independentista estaba causando daños económicos. Un año después, sin embargo, no se aprecia ninguna «catástrofe», y el cambio de domicilios sociales que sí se produjo ha tenido «un impacto económico nulo», según el informe publicado por el ministerio de Empresa.

El temor a una inminente declaración unilateral de independencia en Cataluña ha desencadenado una fuga de empresas a otras partes de España. Cerca de 30 empresas que estaban radicadas en Barcelona se están llevando su sede a otro lugar.

Seis de las siete empresas catalanas que cotizan en el índice Ibex ya han comunicado a la CNMV que sus consejos de administración han aprobado el cambio de domicilio social. Otras veinte grandes y medianas empresas de diversos sectores han tomado la misma decisión. Y otras tantas están esperando a ver qué pasa el martes para tomar una decisión.

Esta empresa, especializada en certificar las comunicaciones online para hacerlas oficiales, traslada su sede social para «reducir los riesgos ajenos a la operativa normal de la empresa». Lleida.net opera en 16 países y presta servicios a más de 1.500 empresas. Los responsables de la empresa aseguraron que el cambio de domicilio social no implicará que los empleados tengan que trasladarse.

La compañía de telecomunicaciones explicó que llevaba un año estudiando este cambio, desde que adquirió Quantis, Hablaya, Stoneworks y Sultán Telecom, todas ellas con sede propia en Madrid. Casi el 80% de su negocio procede de estas divisiones.

Más empresas saliendo de cataluña

Las empresas que han trasladado su sede social en Cataluña a otras regiones de España desde el referéndum del 1 de octubre son ya más de 3.000, según datos del Colegio de Registradores de España.

El argumento esgrimido por la mayoría de las empresas que se han marchado es que el cambio de domicilio o sede social es un movimiento estratégico para proteger los intereses de sus accionistas, clientes y empleados.

Además, según los datos de la Agencia Tributaria, aunque el cambio de domicilio no tiene por qué ir acompañado de un cambio de domicilio fiscal, hasta los primeros días de noviembre, unas 1.000 empresas habían trasladado su sede fiscal en Cataluña a otras comunidades como Madrid, Aragón y Valencia.

De estas empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña, 62 de ellas tienen un impacto directo en el PIB de 11.540 millones de euros, lo que representa el 5,4% de la economía catalana y el 1% del conjunto de la economía española.

Además, dentro del Mercado Continuo, ya son siete las empresas que han trasladado su sede social, como son: Oryzon, Dogi, Service Point, Catalana Occidente, eDreams, Applus y Cementos Molins.