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Que es la ley mordaza españa
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La organización sin ánimo de lucro Reporteros sin Fronteras, en su informe de 2020, situó al país en el puesto 29 de 180 en cuanto a su nivel de libertad de prensa[1] y citó la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, como uno de los principales obstáculos a la libertad de expresión[2].
En 2003, Juan del Olmo, juez de la Audiencia Nacional, ordenó el cierre temporal del diario Egunkaria durante seis meses, y el embargo de todos sus bienes, con la acusación de formar parte de un conglomerado empresarial controlado por ETA. La orden de cierre se prorrogó repetidamente durante siete años, hasta que todos los acusados fueron absueltos en 2010[7][8].
En 2013, la Audiencia Nacional clausuró un periódico local online de Burlada, BurtlataHerria, acusando al administrador de apología del terrorismo. Un año después fue absuelto, pero la web no volvió a abrirse[11].
En 2013, Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, presentó una querella criminal por apología del terrorismo contra siete miembros de la organización juvenil Ernai y ordenó el cierre de su web[12] El juez también ordenó a Topatu retirar los vídeos de su cobertura periodística de un festival organizado por Ernai, por considerarlo también apología del terrorismo. Topatu retiró los vídeos y tres de sus periodistas fueron citados como testigos ante el tribunal[13].
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Decenas de miles de policías del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, sus representantes sindicales y simpatizantes, han marchado este sábado por el centro de Madrid, pasando por el Congreso de los Diputados, para protestar contra los planes del Gobierno de reformar una polémica ley de seguridad conocida por los críticos como “ley mordaza”.
Los críticos de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el anterior gobierno, el derechista Partido Popular (PP), han dicho durante años que daba demasiado poder a las fuerzas de seguridad en detrimento de las libertades civiles. Los poderosos sindicatos policiales, sin embargo, dicen que los cambios propuestos en la ley dificultarán su trabajo.
Una nueva versión de la ley promovida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) obtuvo recientemente el apoyo de la coalición de izquierdas que gobierna España entre el partido socialista (PSOE) y el grupo de izquierdas Podemos. Amnistía Internacional y la Oficina del Defensor del Pueblo español también han pedido que se modifique la ley.
La propuesta de ley aún podría sufrir cambios durante las negociaciones en el Congreso español, pero tal y como está ahora eliminaría algunas de las partes más polémicas de la ley actual. Entre ellas, la cláusula que prohíbe la celebración de protestas en las inmediaciones de los edificios del Congreso o del Senado y el artículo que permite a los guardias fronterizos hacer retroceder a los inmigrantes que crucen la frontera.
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3 de febrero de 2021E-000681/2021Pregunta para respuesta escrita E-000681/2021a la ComisiónRegla 138Idoia Villanueva Ruiz (La Izquierda) Respuesta por escrito Asunto: La Ley MordazaEn el informe sobre el Estado de Derecho de 2020, en el capítulo dedicado a España, la Comisión reconocía la preocupación por la legislación española en materia de seguridad pública “que supuestamente restringe la libertad de información y la libertad de expresión”. Asimismo, destacó las penas de prisión por difamación grave contra la Corona o los miembros de la familia real. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante su examen periódico universal de España en 2020, formuló recomendaciones destinadas a mejorar las leyes relacionadas con la libertad de expresión1. La Comisión ha expresado su preocupación por este asunto, pero ¿qué mecanismos utilizará para evaluar el nivel de cumplimiento de los Estados miembros de las normas internacionales de derechos humanos sobre la libertad de información y expresión?2. Hay informes, como el de Amnistía Internacional, que aluden a que hay una media de 80 multas y penas de prisión al día por difamación contra la Corona en España. ¿Sigue la Comisión los casos judiciales afectados por leyes que van en contra de las normas internacionales de derechos humanos a nivel de la UE?3. ¿Cómo piensa promover el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos por parte de los Estados miembros?
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En los últimos 10 años se ha producido un importante retroceso en materia de derechos civiles y normas democráticas en España, al igual que en otros países europeos. Con demasiada frecuencia, las instituciones españolas han tratado las protestas callejeras y otras formas de disidencia no como expresión de un derecho garantizado por la legislación internacional y de la Unión Europea, sino como una amenaza para la sociedad.
En 2011, varios años después del inicio de la recesión financiera mundial, los españoles salieron a la calle para protestar contra lo que consideraban un fracaso masivo del gobierno en la gestión de la crisis económica. Las manifestaciones se extendieron por todo el país y llegaron a conocerse como el movimiento de los Indignados. La policía respondió con un uso excesivo de la fuerza, golpeando a los manifestantes, rociándolos con gas pimienta y disparando balas de goma, con lo que se frenó el derecho de reunión pacífica.
Pero hay otras disposiciones más problemáticas. En virtud de esta ley, compartir imágenes de los agentes de policía que puedan “ponerlos en peligro” también está sujeto a una multa. La ley también otorga a la policía amplios poderes para parar y registrar y permite las expulsiones sumarias de inmigrantes indocumentados en la frontera española del norte de África.
