Ministerio de la verdad españa

José luis rodríguez zapatero (ex presidente del gobierno de españa)

foto de archivo. El principal líder del Partido Popular español, Pablo Casado, pronuncia un discurso durante el debate del proyecto de ley de presupuestos nacionales para 2021 en el Congreso de los Diputados, en Madrid, España, el 11 de noviembre de 2020. Casado acusa al presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, de «dar la orden de vigilar a los medios de comunicación». [Mariscal/EPA/EFE]

El plan, que entró en vigor el mes pasado tras ser aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, describe cómo los organismos gubernamentales -incluyendo la agencia de inteligencia CNI y los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa- deben responder a la desinformación.

Utiliza la definición de desinformación de la Comisión Europea como «información verificablemente falsa o engañosa creada, presentada y difundida con fines económicos o para engañar intencionadamente al público».

El plan establece cuatro fases de actuación, empezando por la vigilancia de Internet para detectar campañas de desinformación y terminando con una posible «respuesta política» del Gobierno si se considera necesaria.

El plan es la respuesta de España a la petición de la Unión Europea de que los Estados miembros intensifiquen su lucha contra la desinformación. Bruselas ha acusado a China y a Rusia de organizar campañas de desinformación específicas para socavar la democracia europea.

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El plan utiliza la definición de desinformación de la Comisión Europea, que es «verificablemente falsa o engañosa, que se crea, presenta y difunde con fines de lucro o con la intención deliberada de engañar al público».

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha aceptado la voluntad del Gobierno de luchar contra la desinformación, pero se ha mostrado preocupada por el «claro riesgo» de que el Gobierno actúe «como censor y no como garante de la verdad».

«Nos oponemos seriamente a las herramientas anunciadas para esa lucha porque deja en manos de la AGE una función que debería gozar de independencia de los poderes públicos», dijo la APM en un comunicado.

Por su parte, el líder del opositor Partido Popular acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de crear «un Ministerio de la Verdad orwelliano», en referencia a la famosa obra de George Orwell ‘1984’ sobre un estado totalitario.

El nuevo ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, aseguró el martes en el Parlamento que el plan del Gobierno estaba destinado a «combatir las campañas de desinformación… desde el extranjero» y no a «censurar» la información.

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La Comisión Europea respaldó este lunes el protocolo de España contra las campañas de desinformación, que suscitó las críticas de la oposición cuando se publicó como parte de una orden ministerial el pasado jueves.

«El objetivo de la orden ministerial es garantizar la participación de España en el Plan de Acción de la Unión Europea contra la desinformación», ha dicho el portavoz de la Comisión Europea, Johannes Bahrke, en alusión a una iniciativa que parte del llamamiento del Consejo Europeo de 2018 a tomar medidas para «proteger los sistemas democráticos de la Unión y combatir la desinformación.»

El guiño del Ejecutivo europeo al sistema español para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación se produce después de que algunos partidos de la oposición en España hubieran acusado al Gobierno de crear un «Ministerio de la Verdad» que supuestamente tomaría decisiones sobre los contenidos y proporcionaría a los medios de comunicación las directrices a seguir.

El lunes, Bahrke señaló que la nueva orden ministerial española se limita a actualizar el sistema nacional existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación, y también establece mecanismos de coordinación.

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El 15 de septiembre de 2020 el Consejo de Ministros español aprobó el Proyecto de Ley de Memoria Democrática que castigará a quienes no estén de acuerdo con la versión oficial de la historia de la guerra civil del país.

Ahora, España ha iniciado el proceso de creación de un orwelliano Ministerio de la Verdad. Carmen Calvo, ministra española de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, acaba de publicar el «procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional».

El Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció el 5 de noviembre de 2020 que «el acceso a una información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan las sociedades democráticas.»

«Las instituciones y administraciones públicas deben garantizar ese acceso, porque es el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre los diferentes temas políticos y sociales». La libertad de expresión debe reforzarse «examinando la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación».

El problema es que aunque «la libertad de expresión y el derecho a la información están consagrados como derechos fundamentales en nuestra Constitución», el Estado será el encargado de luchar contra «la difusión deliberada, masiva y sistemática de desinformación que pretende influir en la sociedad por motivos egoístas y espurios».