La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana la propuesta de su Servicio de Inspección a favor de archivar la demanda presentada por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por participar junto al entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en una cacería el fin de semana posterior a las primeras detenciones relacionadas con la conocida como ‘Operación Gürtel’.
Según explica la propuesta, la conducta del magistrado “no puede subsumirse en ninguna de las faltas disciplinarias” recogidas en los artículos 417 a 419 de Ley Orgánica del Poder Judicial por lo que no puede ser castigada.
El escrito aclara que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo exige que las sanciones se impongan cuando queden “suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica y culpable, así como su concreta naturaleza, su específico alcance fáctico y su preciso significado jurídico”.
REQUISITOS.
Todo esto implica que la falta cometida por el juez requiera para ser sancionada de “tres exigencias claramente diferenciadas”, que son “la existencia de una norma, que esta sea anterior al hecho sancionado y que dicha norma describa un supuesto de hecho estrictamente determinado”.
“Por tanto, el reconocimiento de los principios de legalidad y de tipicidad supone que pueda afirmarse taxativamente que únicamente serán sancionadas aquellas conductas que puedan ser subsumida, sin lugar a dudas, en alguno de los tipos disciplinarios” mencionados, dice la propuesta.
El pasado 16 de febrero el Servicio de Inspección registró la entrada de la demanda del PP contra Garzón que denunciaba la participación del juez en una cacería en Jaén y calificaba los hechos como “cuando menos escandalosos” dado que el magistrado instruía entonces “un procedimiento penal con detenidos de cuyas actuaciones se han producido continuadas filtraciones”.
“Este hecho transgredí la mínima deontología profesional exigible de un juez o magistrado, pulverizando públicamente lo que restaba de su imagen de independencia”, decía el PP en su demanda.
